Las SOCIMI, cuyas siglas significan Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, son sociedades anónimas constituidas como vehículo de inversión inmobiliaria. Su negocio principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos inmobiliarios para su alquiler, ya sea directamente o mediante la participación en el capital social de otras SOCIMI. Cotizan en bolsa, y deben repartir dividendos anualmente.
Desde la reforma de 2012, las SOCIMI han resultado ser un factor de éxito y ha impulsado la dinamización y diversificación del sector inmobiliario urbano, el cual ha ido atrayendo inversores gracias a su favorable régimen fiscal, su transparencia y su profesionalidad.
Esto podría podría aplicarse al sector agrario para mejorar la productividad, para incrementar la renta agraria, para poder hacer frente a los retos de digitalización y sostenibilidad, y para crear puestos de trabajo.
La expansión de las empresas inmobiliarias en el sector agrícola contribuirá al reequilibrio regional, provocando en buena parte de España ese apetito inversor del que actualmente solo se benefician las ciudades. Desde que se modificó la ley en 2012, las SOCIMI han permitido la entrada de 23 mil millones de euros en la industria. Curiosamente, el 88% de ellos se concentran en Madrid y Barcelona. En comparación, en el 70% del territorio español solo viven 4,2 millones de personas.
Actualmente, los problemas en la cadena de suministro global hacen que la producción nacional de alimentos vuelva a ser estratégica. La ventaja competitiva de España no se basará en el precio, sino en la calidad, en cultivos sostenibles, en una alta mecanización, en un bajo consumo de agua y un ecosistema ecológico relacionado con los fertilizantes y nutrientes. La creciente demanda de productos frescos y de alta calidad, así como la introducción de nuevos cultivos con precios de venta más altos, es un factor trascendental. El suelo y el clima de España son ideales para muchos de estos productos
Con el fin de permitir, en España, la participación de las SOCIMI en el sector agrario, se debería modificar la Ley 11/2009, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas en el Mercado Inmobiliario, para garantizar que se incluyan los bienes inmuebles agrarios, los cuales estarían dedicados al alquiler.
Esta modificación en la ley facilitaría la captación de capital para la inversión agraria, permitiría la modernización de los procesos productivos y provocaría un aumento de la productividad en el sector. También facilitaría la concentración de un pequeño sector y contribuiría a un cambio en el modo de producción del sector, donde actualmente el 58% de los productores aportan únicamente el 3% de la producción. La llegada de inversión y tecnología al campo favorecería el asentamiento y repoblación de personas en las zonas rurales. Además, su valor ambiental los convierte en candidatos para beneficiarse de ayudas nacionales y europeas en temas de sostenibilidad, lo que a su vez permite mejores ingresos agrícolas.
Además, el régimen tributario especial de la SOCIMI inmobiliarias podría aplicarse a las SOCIMI agrarias, donde los beneficios pagados en forma de dividendos tributan al 0%. Esta reforma que necesitaría ser aprobada por unanimidad por las distintas administraciones y colectivos que intervienen de alguna manera: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, corporaciones autonómicas y locales y regionales, cooperativas, asociaciones de agricultores, ganadores y cadenas de alimentación y grandes superficies.
Las SOCIMI agrarias ofrecerían a España una oportunidad histórica para cambiar el patrón de producción agrícola, promover el desarrollo sostenible y poner en marcha el, antes mencionado, proceso de reequilibrio regional.